La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación ha resuelto 235 solicitudes de arbitraje en el año 2013

Las telecomunicaciones y el sector financiero concentran la mayor parte de las reclamaciones a la Junta, que cuenta con 3.400 empresas adheridas

La Junta Arbitral Provincial de Consumo, cuyos servicios se prestan a través de la Diputación de Huelva, ha resuelto el pasado 2013 un total de 235 solicitudes de arbitraje mediante procedimiento reglado, a las que sumarle la cifra muy superior de reclamaciones que no se cursan a través del arbitraje de consumo pero que sí se atienden por la Junta Arbitral Provincial mediante atención telefónica y presencial en la sede de Diputación. En los últimos años se han fomentado notablemente las mediaciones, beneficiándose con ello tanto el consumidor como las empresas.

En cuanto al contenido, se han atendido reclamaciones de muy diverso índole, destacando este año las relativas al sector financiero, como reclamaciones sobre participaciones preferentes, eliminación de cláusula suelo en las hipotecas, resolución de contratos abusivos, así como a las del sector de seguros (no cubrimiento de la póliza, resistencia a dar de baja a los usuarios…).

No obstante, el sector que más reclamaciones ha generado sigue siendo el de las telecomunicaciones, en el que la Junta Arbitral Provincial cuenta con la mayor parte de empresas adheridas (Vodafone, Movistar, Yoigo, Orange…). Los problemas que más conflictos suscitan las operadoras telefónicas suelen ser de facturación, ausencia de servicios, cobros indebidos y cesión de datos a registros de morosos.

Un pilar básico para que el procedimiento arbitral tenga éxito es la adhesión de empresas al sistema, lo que permite compeler al reclamado a que responda del procedimiento que se insta frente a él. La Junta Arbitral de la Diputación cuenta con más de 3.400 empresas adheridas al sistema, algunas de ellas de gran repercusión a nivel provincial y nacional.

La Junta Arbitral Provincial atiende a los 79 municipios de la provincia, tanto los que cuentan con Oficinas de Información al Consumidor (OMIC), 21 en total, como los que no cuentan con este organismo. Los municipios que tienen OMIC, remiten las solicitudes a través de estas oficinas, pero la Junta Arbitral Provincial recepciona también las reclamaciones que presentan presencialmente los consumidores.


Brevedad, gratuidad y carácter vinculante
La Junta Arbitral Provincial de Consumo se constituyó hace más de una década, tiempo en el que ha conseguido que más de 3.400 establecimientos se hayan adherido voluntariamente al Sistema Arbitral, una cifra que aumenta cada año gracias a las campañas de difusión y adhesión de empresas que el servicio realiza en todos los pueblos de la provincia, ya que el objetivo es que todos los empresarios tengan la oportunidad de adherirse al sistema.

El Sistema Arbitral de Consumo es un sistema extrajudicial de resolución de conflictos que beneficia tanto a los consumidores como a los empresarios, ya que ambas partes están representadas por igual. El procedimiento es gratuito –lo presta la Diputación-, el sistema es rápido y ágil, ya que tiene pocos trámites y los conflictos se solucionan en corto espacio de tiempo, y eficaz, pues los laudos o resoluciones adoptadas son vinculantes para ambas partes.

Las empresas adheridas exhiben un distintivo oficial que acredita su pertenencia al sistema, lo que supone una garantía para el consumidor, que puede confiar en que estos establecimientos le ofrecen un servicio adicional rápido y eficaz para la resolución de posibles conflictos. Se trata, por tanto, de una acreditación de que estos empresarios apuestan por la calidad en el trato a los clientes.

La Junta Arbitral Provincial de Huelva ha recibido en dos ocasiones el Premio C de Consumo por su labor en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en la provincia y forma parte del Consejo Provincial de Consumo, junto con las asociaciones de consumidores y empresariales. El servicio ofrece un servicio integral de asesoramiento tanto a los consumidores y usuarios como a los ayuntamientos de la provincia, con independencia de si tienen o no constituido Oficinas de Información al Consumidor
 

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