281 empresas se adhieren al Sistema Arbitral de Consumo a través de la Junta Provincial de la Diputación en los últimos seis meses

La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación cuenta ya con 3.512 empresas adheridas de forma voluntaria a este sistema de resolución de conflictos entre consumidores y usuarios


Un total de 281 empresas de la provincia se adhirieron al sistema de Arbitraje de Consumo a través de la Junta Arbitral de Consumo provincial –dependiente de la Diputación- durante la última campaña de adhesión desarrollada en la provincia. Así, ya son un total de 3.512 empresas de la provincia las que se han sumado voluntariamente a este sistema, que permite la resolución por una vía extrajudicial, rápida, eficaz y gratuita de los desacuerdos que puedan surgir entre los dos protagonistas del consumo, es decir, el comprador o usuario y el vendedor o prestador de servicios.

La campaña de adhesión se ha desarrollado durante seis meses y ha sido muy positiva. Para las empresas, la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo conlleva numerosos beneficios, ya que les permite contar con una vía extrajudicial, rápida y gratuita para resolver los posibles desacuerdos con los consumidores, y además les supone una publicidad adicional y un sello de calidad ante sus posibles usuarios o clientes. De hecho, hay grandes empresas como RENFE, Correos, Giahsa o Endesa, además de la mayor parte de las operadoras de telefonía, que han optado por el Arbitraje como vía de resolución de las reclamaciones que se le puedan plantear.

El Sistema Arbitral de Consumo atiende y resuelve, con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios. Las resoluciones, en forma de laudo arbitral, que ponen fin al procedimiento, tienen también el valor de “cosa juzgada”, exactamente igual que una sentencia judicial. A ello hay que añadir la gratuidad, la rapidez y la simplicidad, que hacen que la prestación de este servicio sea de gran importancia tanto para los consumidores y usuarios como para las 3.512 empresas adheridas en nuestra provincia.

Durante el primer trimestre de este año, la Junta Arbitral Provincial de Consumo de la Diputación ha tramitado con procedimiento reglado 158 solicitudes de arbitraje, de las que se han mediado 62 y el resto está pendiente de resolución. Al margen del procedimiento reglado, también se han recepcionado otras reclamaciones, que no se han cursado a través del procedimiento, pero que también se han atendido, como por ejemplo quejas, reclamaciones frente al Banco de España, temas de seguros o relativas a la Agencia de Protección de Datos, entre otras muchas cosas.

Durante el pasado 2011, la Junta Provincial Arbitral de Consumo ha resuelto el pasado año 504 solicitudes de arbitraje mediante procedimiento reglado. A estas solicitudes hay que sumarle las reclamaciones que no se cursan a través del arbitraje de consumo pero que sí se atienden por la Junta Arbitral Provincial, y que han sido en el año 2011 un total de 600, provenientes de la atención telefónica y de la presencial en la sede de Diputación. En el año 2011 también se han realizado 176 resoluciones de mediación, casi el mismo número que las resoluciones en forma de laudo arbitral que han ascendido a 184.

En los últimos años se han fomentado mucho las mediaciones, beneficiándose con ello tanto el consumidor como las empresas. A partir del año 2008 se produce un importante incremento de las solicitudes de arbitraje, motivado por la reducción en los plazos de tramitación, el retraso existente en la vía judicial y un mayor conocimiento del sistema arbitral, gracias a la labor de difusión de la Junta Arbitral Provincial, que mantiene una excelente relación con las distintas empresas adheridas.

La Junta Arbitral Provincial de Consumo es un órgano administrativo del arbitraje institucional de consumo, que presta servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría tanto a las partes como a los árbitros. Esta Junta de la Diputación de Huelva se crea en el año 1999 mediante acuerdo firmado con el Instituto Nacional de Consumo, que subvenciona a la junta anualmente, mientras que Diputación aporta el personal y los medios necesarios para desarrollar su función.
 

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