El SGTH asegura que no existen razones para compensar al Ayuntamiento de Huelva por la recaudación de los impuestos y tributos

El Servicio de Gestión Tributaria de Huelva, SGTH, advierte que ya desestimó el pasado mes de julio mediante un decreto de la Presidencia la reclamación de 1,3 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Huelva. En ese escrito, el servicio entiende que no se está incumpliendo el convenio vigente entre ambas administraciones, según el cual, el servicio provincial se encarga de la recaudación de impuestos y tasas en periodo voluntario y ejecutivo del Consistorio onubense. Sólo la situación económica del Ayuntamiento y las obligaciones a las que está sometido por su plan de ajuste explicarían un posible recurso contencioso administrativo contra el decreto del que el propio Servicio de Gestión Tributaria no tiene conocimiento.

El decreto remitido al Ayuntamiento de Huelva con fecha 24 de julio desestimaba la reclamación efectuada por el Consistorio, denegándole la compensación de 1,3 millones de euros por incumplimiento de objetivos.

El SGTH ya ha comunicado, primero verbalmente y luego mediante decreto, las causas que desestiman su petición de 1,3 millones de euros. Sin embargo, y a pesar de tener conocimiento de la situación, el Ayuntamiento de Huelva ha intentado conseguir que esta compensación sea computada como un ingreso más, para lo cual ha presionado al SGTH con determinadas medidas muy perjudiciales para los ciudadanos. Así, no ha entregado los padrones en la fecha acordada y ha modificado, de manera unilateral y sin consenso con este servicio, el periodo de la recaudación voluntaria de este año, que la han retrasado hasta el presente 15 de octubre.

El Servicio de Gestión Tributaria es una  entidad creada por la Diputación para servir a todos los ayuntamientos de la provincia, y no puede atender peticiones injustificadas porque, entre otras cosas, puede poner en riesgo la estabilidad del resto de ayuntamientos.

En este sentido, desde el servicio se ha argumentado que medidas como el retraso de la recaudación voluntaria suponen un grave perjuicio para la administración de las familias en estos tiempos de dificultad económica, ya que se les impide hacer una planificación adecuada de la economía familiar.

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