Diputación y Junta renuevan su colaboración para la protección de menores en situación de riesgo social

El diputado de Bienestar Social, Salvador Gómez; y la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María Estela Villalba, han firmado esta mañana la prórroga del convenio de cooperación entre la Diputación de Huelva y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para el desarrollo del programa de Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección.

En el acto, en el que también se han formalizado convenios con los Ayuntamientos de Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte, Moguer y Aljaraque para el desarrollo del programa en estos municipios mayores de 20.000 habitantes, el diputado ha ratificado el compromiso de la institución provincial por la defensa de los derechos de los menores de nuestra provincia. A través de éste y otros programas, el Área de Bienestar Social de Diputación atiende anualmente a alrededor de 6.000 menores y adolescentes.

Salvador Gómez, que ha resaltado la importancia de este programa preventivo y “absolutamente fundamental para garantizar la protección de los jóvenes y menores de nuestra provincia”, ha subrayado su efectividad tanto en lo referente a superar situaciones de riesgo o desprotección, como en el caso de los menores inmersos en procesos de reunificación.

La prórroga suscrita, que tendrá una duración de un año, supone una aportación económica por parte de Diputación de 434.536 euros, un 16,34% más que el año pasado; y de 532.836 euros por parte de la Junta de Andalucía. La prórroga del convenio no sólo garantiza la continuidad del programa en los 72 municipios menores de 20.000 habitantes sino el mantenimiento de los puestos de trabajo de los profesionales que lo desarrollan, que por lo que respecta a Diputación, son 6 equipos formados por 18 profesionales.

El Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección tiene como objetivo evitar la separación del menor de su núcleo familiar y lograr la reunificación o vuelta al hogar familiar de aquellos menores que han sido objeto de una medida de protección ante una declaración de situación de desamparo.

El año pasado, gracias a este convenio que Junta y Diputación vienen prorrogando desde el año 2003, se atendieron un total de 187 familias y 351 menores (177 familias y 332 menores dentro del subprograma de riesgo social; y 10 familias y 19 menores en el subprograma de reunificación familiar).

La prórroga de todos los convenios suscritos, cuya firma ha estado presidida por la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano Domínguez, supone una inversión total por parte de la administración autonómica dirigida a las entidades locales que asciende a un total de 1.214.741 euros.

Bella Verano ha resaltado “el compromiso por la puesta en valor y el apoyo de la Consejería a este programa en el marco de las políticas públicas de prevención en materia de infancia de la Junta de Andalucía”. Asimismo, ha valorado la presencia de los Equipos de Tratamiento Familiar como una prestación garantizada en el Catálogo de Prestaciones de los Servicios Sociales bajo la denominación de Apoyo psicosocial y psicoeducativo de atención a la infancia y a la familia”.

El PTF es un programa fundamentalmente preventivo que tiene una doble finalidad: por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal crecimiento, eliminando aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conllevan la separación del niño de su entorno, tras decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, cuando sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. Así, se divide en dos subprogramas: de riesgo o desprotección y de reunificación familiar.

Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar normalizando su situación; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.

Equipos de tratamiento familiar (ETF)

La aportación económica de la Junta va específicamente destinada a financiar el mantenimiento de los 13 equipos de tratamiento familiar (ETF) existentes en la provincia onubense, que son los encargados de aplicar el programa y realizar las intervenciones con la población diana, en coordinación con el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que actúa como el referente técnico del Programa en la provincia. Estos equipos, dependientes de las entidades locales, están integrados por un total de 41 profesionales, entre los que se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales.

Los ETF atienden principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han efectuado previamente los servicios sociales comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos.

La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores decretadas por la Junta.

Perfil de los usuarios

Según la última memoria de actividad del programa, las familias destinatarias del mismo presentan por lo general alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social, este colectivo alcanza el 35% del total de familias atendidas; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se ha adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno.

Entre los factores de riesgo más significativos asociados a las figuras parentales tenemos que el 57% presentan al inicio del tratamiento ausencia de conciencia del daño que su conducta ocasiona en los menores, el 56% falta de motivación al cambio y el 57% una inestabilidad o precariedad laboral, alcanzado el 63% de las familias unos ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional existente en 2017. En cuanto a las tipologías de desprotección existentes se encuentra la negligencia parental en un 64% y el maltrato psicológico o emocional en un 48% de los casos.

Con relación al perfil de los menores atendidos, en el apartado de riesgo presentan una edad media de 12 años, mientras que en reunificación familiar el más característico coincide con la franja de 4 a 6 años. El número de niños por cada familia o unidad de convivencia atendida es aproximadamente de dos. Las familias y menores usuarios del programa vienen derivados tanto de los Servicios Sociales Comunitarios como del Servicio de Protección de Menores de la Junta.