Diputación y Junta de Andalucía renuevan un año más el Programa de Familias con Menores en Riesgo

Rocío Cárdenas resalta la importancia de este programa, que el año pasado atendió a 212 familias y 376 menores

La diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, y el director general de Personas Mayores, Infancia y Familias, Ángel Acuña, han renovado un año más, en presencia de la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Lourdes Martín, la aplicación del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo en el área de influencia de la entidad provincial, que comprende a todos los municipios de la geografía onubense con menos de 20.000 habitantes. Rocío Cárdenas, que ha resaltado la importancia de este programa “del que no podemos prescindir”, ha mostrado su satisfacción por la formalización de esta prórroga, que demuestra, a pesar de la crisis económica, “la apuesta decidida de Diputación y la Junta de Andalucía por la protección de los menores y de las familias, que es una de las señas de identidad de nuestra propia evolución como sociedad moderna y progresista”.

La prórroga del convenio firmado supone la continuidad del Programas de Tratamiento de Familias con Menores en Riesgo y de los 6 equipos de tratamiento familiar, encargados de desarrollarlo por toda la provincia. Su finalidad es promover los derechos y el desarrollo integral de los menores, a la vez que apoyar a los padres para que cumplan de forma positiva el ejercicio de la función parental y den una respuesta satisfactoria a las necesidades de los niños a su cargo.

El acuerdo conlleva una inversión económica de 789.751 euros, de los que 532.836 son aportados por la Junta de Andalucía y 256.915 por la Diputación de Huelva. Dicha cuantía va destinada a financiar el funcionamiento de los seis equipos de tratamiento familiar, denominados ETF, dependientes de la institución provincial, que son los encargados de implementar el programa y realizar las intervenciones con la población diana. Se trata de unos equipos integrados por un plantel de 18 profesionales, entre los que se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares.

Además de con la Diputación, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales establece anualmente convenios de colaboración con el resto de corporaciones locales con competencias en servicios sociales para ofrecer esta prestación en el conjunto de la provincia: los ayuntamientos de Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte y Moguer, todos ellos con más de 20.000 habitantes, y cada uno de los cuales dispone de un ETF. El presupuesto de la administración autonómica en este capítulo ascendió durante 2013 a 1.225.935 euros, lo que supone el 73% del coste total del mismo.

Actividad preventiva

Coordinado por el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación del ramo, el programa tiene un doble objetivo: por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal desarrollo, suprimiendo todos aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno tras decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, cuando sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. De esta forma, se divide en dos subprogramas: de riesgo y de reunificación familiar.

Durante el año pasado, los seis ETF de la Diputación atendieron a 212 familias y 376 menores dentro de esta prestación, el 51,33% del total de asistencias en la provincia. En el caso de las familias, 191 accedieron al subprograma de riesgo y 21 al de reunificación, mientras que en el ámbito de los menores el balance de actividad fue de 338 y 38.

Principales logros del programa en Huelva

Según la memoria de 2013 del programa, recientemente presentada, siete de cada diez casos abordados por los equipos de tratamiento familiar en Huelva, en concreto el 70,37% de sus intervenciones, concluyeron con los objetivos propuestos de preservar la integridad familiar de los menores o que éstos regresaran a sus familias de origen tras haberse decretado previamente una medida de protección.

El año pasado también se alcanzó el menor porcentaje de derivación de casos para la adopción de una medida protectora: sólo en el 3,39% de las actuaciones.

La mejora en los resultados de esta prestación se ha producido en paralelo al incremento en su capacidad de cobertura. Así, el curso pasado se beneficiaron la misma 781 menores y 413 familias, un 30% más que en 2010.

En 2013 se registró también el mayor número de casos cerrados por los ETF en los últimos cuatro años: 162, 24 más que en 2012. El principal motivo por el que concluyó la mayoría de las intervenciones tuvo que ver con la consecución de los objetivos fijados de tratamiento del riesgo social o reunificación familiar.

Además del aumento de los beneficiarios y la reducción de las medidas de protección, otro resultado a remarcar ha sido el avance en la reunificación familiar. Así, los casos cerrados tras lograr recuperar la convivencia de padres e hijos alcanzaron el 69,23%, el doble que en 2011. Asimismo destaca la disminución del porcentaje de asistencias que no finalizaron satisfactoriamente: un 30,77% frente al 41,67% del año anterior.

Igualmente reseñable es la disminución en los tiempos de respuesta. En este sentido, el 82,29% de las actuaciones de los ETF dentro del subprograma de riesgo finalizaron en un tiempo de intervención inferior a los 18 meses. En cuanto al subprograma de reunificación se han logrado aumentar los casos con una intervención inferior a los 24 meses: el 92,31% en comparación con el 84,18% de 2012.

Perfil de los usuarios

Las familias destinatarias del programa presentan por lo general alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se ha adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno. En relación con los menores atendidos, tanto en el ámbito de riesgo social como de reunificación social presentan una media de edad de 12 años. La cantidad de niños por cada familia o unidad de convivencia atendida ha sido aproximadamente de dos. Las familias y menores participantes en el programa vienen derivados de los servicios sociales comunitarios o del Servicio de Protección de Menores.

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