Diputación y Junta aseguran a una veintena de trabajadores sociales su continuidad y apuesta por la dependencia
La diputada de Bienestar Social de la Diputación de Huelva, Rocío Cárdenas y la delegada de Igualdad, Salud y Política Social de la Junta en Huelva, Lourdes Martín, han garantizado a la veintena de trabajadores sociales, --los cuales se contrataron en su día para el desarrollo de la Ley de Dependencia--, la continuidad de sus servicios debido a la "apuesta" por este pilar del Estado de Bienestar de ambas instituciones.
Antes de reunirse con estos trabajadores, la delegada y la diputada han recordado que, pese al "recorte" del Gobierno en esta materia, abogan por el mantenimiento de la Ley de Dependencia y harán "un esfuerzo" para su sostén, puesto que en la provincia 28.300 personas se benefician de las distintas prestaciones que ofrece.
De este modo, la ley ofrece distintas prestaciones como prestaciones económicas personales, para el cuidado en el ámbito personal, servicio de ayuda a domicilio, centros de día, atención residencial y teleasistencia.
Rocío Cárdenas ha lamentado que la institución provincial y regional se encuentren "solas" para el mantenimiento de estos servicios, que suponen además todo un "yacimiento de empleo" puesto que, en concreto, en la provincia trabajan más de mil personas, en su mayoría mujeres, en la ayuda a domicilio, de la que se benefician más de 3.000 personas en Huelva.
La delegada ha anunciado asimismo la incorporación al sistema de dependencia de nuevos usuarios, que se encuentran actualmente en lista de espera, para intentar "progresivamente" ir incorporando a personas a estos servicios, puesto que debido a los "recortes" desde hace dos años no era posible nuevas incorporaciones, a excepción de situaciones de emergencia social importantes.
Martín ha reprochado al Gobierno central "el desmantelamiento" que ejerce sobre el Estado del Bienestar, así como ha remarcado que en el inicio de la Ley de Dependencia el Estado financiaba el 50 por ciento de los servicios y la comunidad autónoma el otro 50 por ciento restante. Sin embargo, ha hecho hincapié en que ese reparto porcentual se encuentra en la actualidad en "un 72 por ciento, del que se hace cargo la Junta, y el Gobierno del 28 por ciento".
