Diputación muestra su rechazo contra los últimos ajustes del Gobierno a la Ley de Dependencia
Con medidas de recorte como la reducción del Gasto Público y la subida del copago se ataca directamente a las personas más vulnerables de la sociedad
La diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, ha mostrado su total rechazo e indignación ante los nuevos recortes que sufrirá el Sistema de Atención a la Dependencia incluidos en el Programa Nacional de Reformas 2013 que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes y que ha sido remitido a Bruselas por el Gobierno Central.
En palabras de Cárdenas, “realmente no estamos hablando de meros recortes o reajustes sino que el objetivo final no es otro que la destrucción total del Sistema de Atención a la Dependencia”. Se trata de medidas por parte del Gobierno Central “que rozan la crueldad” ya que suponen un “ensañamiento injusto y desmesurado hacia los más vulnerables”, como son las personas dependientes y sus familias. Esta reforma va más allá, “suponiendo un destrozo de la política social de España”, ha señalado la diputada.
Cárdenas ha hecho referencia a la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia como una “ley sin precedentes, única, que supuso un acuerdo social y político de todos los partidos que conformaban el Gobierno en los años 2005/06”. Como balance de esta Ley, la diputada de Bienestar Social ha resaltado el “avance histórico” en la conquista social además de suponer “un gran nicho de empleo” y una “mejora sustancial respecto a la calidad de vida” de estas personas.
Respecto a los ajustes recogidos en el citado Programa Nacional de Reformas para 2013 se prevé un ajuste previsto por el Gobierno que se puede concretar en una reducción de 1.108 millones en el Sistema de Atención a la Dependencia. A base de reformas restrictivas, se recortarán 958 millones y otros 150 millones que derivarán de la simplificación en el proceso de las valoraciones, que implica la revisión de grados para rebajar los pagos. Por esa misma vía, se prevé otro recorte de 168 millones para el 2014.
A ello hay que sumar otras dos fuentes de ahorro en el Sistema de Atención a la Dependencia. Por una parte, la relativa al copago, que supondrá un ahorro de 399 millones ya que serán los propios ciudadanos los que verán incrementada su aportación en un 5 por ciento. Por otra, se aprobarán normativas dirigidas a incompatibilizar servicios y a penalizar las prestaciones familiares, lo que supondrá un ahorro de 489 millones.
Además, las consecuencias derivadas de las reformas que se implantaron en julio de 2012 prevén el aplazamiento hasta 2015 en la incorporación de los nuevos beneficiarios (dependientes moderados), del cese en la cotización a la Seguridad Social por las personas cuidadoras de algún familiar, a lo que se ha de sumar la reducción del 15 por ciento de las ayudas que perciben estos cuidadores. Con anterioridad a todo esto ya se había suprimido otra de las partidas de casi 300 millones de euros anuales destinados a ayudar a las autonomías a financiar la dependencia.
Las principales medidas relacionadas con la Ley de Dependencia que incluye el citado Programa son las medidas 32 y 33. El objetivo señalado por el Gobierno en la medida 32 de “racionalización y modernización del sistema de atención a la dependencia” es en palabras de la diputada de Bienestar Social “una gran mentira”, ya que supone un nuevo paso “hacia la demolición del sistema”, sin que se racionalicen ni modernicen los servicios prestados, al reducirse el gasto público y elevarse el porcentaje del copago.
La medida 32 recoge la modificación y simplificación en el proceso de valoración de situaciones de dependencia, de las intensidades de los servicios y prestaciones y de la retroactividad en el pago de las prestaciones económicas, así como potenciar la colaboración público privada, para complementar la asistencia prestada por los servicios públicos.
Respecto a la medida 33, el objetivo que se marca es el de “garantizar la sostenibilidad del sistema de la dependencia” a través de la suspensión de obligación de la AGE de cotizar a la Seguridad Social por los no profesionales que cuidan a personas en situación de dependencia en el entorno familiar y la modificación de las cuantías máximas de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar y sus efectos en las cuantías del nivel mínimo.
Según ha señalado Cárdenas, el Gobierno sigue “removiendo los cimientos de esta Ley de Dependencia” en la que las personas más vulnerables sufren de forma directa este ‘Plan de ahorro’ con el que se está “intentando asfixiar a las Comunidades Autónomas” y cuyo fin no es otro que la “destrucción total de esta Red de Servicios”, con la consiguiente destrucción de empleo público y la desatención adecuada de personas dependientes
Durante junio de 2012, antes del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, fueron atendidas por el Servicio de Atención a Domicilio de la Diputación de Huelva 2.978 personas dependientes, durante un total de 143.764 horas y por 1.226 auxiliares del SAD. En abril de 2013, las personas atendidas son 2.706, durante un total de 133.226 horas por 1.158 auxiliares del SAD, lo que supone un descenso respectivamente del 9 por ciento en cuanto a personas atendidas, del 7 por ciento en cuanto a las horas destinadas y del 6 por ciento en cuanto a auxiliares del SAD.
Por último, la diputada de Bienestar Social ha reclamado la defensa del Sistema de Dependencia desde todos los ámbitos posibles, ya sea político, social y civil, como una inversión en cuanto a la atención personal y al empleo que genera, frente a la idea que desde el Gobierno Central se está vendiendo a la sociedad de gasto público que hay que reducir.
La diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, ha mostrado su total rechazo e indignación ante los nuevos recortes que sufrirá el Sistema de Atención a la Dependencia incluidos en el Programa Nacional de Reformas 2013 que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes y que ha sido remitido a Bruselas por el Gobierno Central.
En palabras de Cárdenas, “realmente no estamos hablando de meros recortes o reajustes sino que el objetivo final no es otro que la destrucción total del Sistema de Atención a la Dependencia”. Se trata de medidas por parte del Gobierno Central “que rozan la crueldad” ya que suponen un “ensañamiento injusto y desmesurado hacia los más vulnerables”, como son las personas dependientes y sus familias. Esta reforma va más allá, “suponiendo un destrozo de la política social de España”, ha señalado la diputada.
Cárdenas ha hecho referencia a la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia como una “ley sin precedentes, única, que supuso un acuerdo social y político de todos los partidos que conformaban el Gobierno en los años 2005/06”. Como balance de esta Ley, la diputada de Bienestar Social ha resaltado el “avance histórico” en la conquista social además de suponer “un gran nicho de empleo” y una “mejora sustancial respecto a la calidad de vida” de estas personas.
Respecto a los ajustes recogidos en el citado Programa Nacional de Reformas para 2013 se prevé un ajuste previsto por el Gobierno que se puede concretar en una reducción de 1.108 millones en el Sistema de Atención a la Dependencia. A base de reformas restrictivas, se recortarán 958 millones y otros 150 millones que derivarán de la simplificación en el proceso de las valoraciones, que implica la revisión de grados para rebajar los pagos. Por esa misma vía, se prevé otro recorte de 168 millones para el 2014.
A ello hay que sumar otras dos fuentes de ahorro en el Sistema de Atención a la Dependencia. Por una parte, la relativa al copago, que supondrá un ahorro de 399 millones ya que serán los propios ciudadanos los que verán incrementada su aportación en un 5 por ciento. Por otra, se aprobarán normativas dirigidas a incompatibilizar servicios y a penalizar las prestaciones familiares, lo que supondrá un ahorro de 489 millones.
Además, las consecuencias derivadas de las reformas que se implantaron en julio de 2012 prevén el aplazamiento hasta 2015 en la incorporación de los nuevos beneficiarios (dependientes moderados), del cese en la cotización a la Seguridad Social por las personas cuidadoras de algún familiar, a lo que se ha de sumar la reducción del 15 por ciento de las ayudas que perciben estos cuidadores. Con anterioridad a todo esto ya se había suprimido otra de las partidas de casi 300 millones de euros anuales destinados a ayudar a las autonomías a financiar la dependencia.
Las principales medidas relacionadas con la Ley de Dependencia que incluye el citado Programa son las medidas 32 y 33. El objetivo señalado por el Gobierno en la medida 32 de “racionalización y modernización del sistema de atención a la dependencia” es en palabras de la diputada de Bienestar Social “una gran mentira”, ya que supone un nuevo paso “hacia la demolición del sistema”, sin que se racionalicen ni modernicen los servicios prestados, al reducirse el gasto público y elevarse el porcentaje del copago.
La medida 32 recoge la modificación y simplificación en el proceso de valoración de situaciones de dependencia, de las intensidades de los servicios y prestaciones y de la retroactividad en el pago de las prestaciones económicas, así como potenciar la colaboración público privada, para complementar la asistencia prestada por los servicios públicos.
Respecto a la medida 33, el objetivo que se marca es el de “garantizar la sostenibilidad del sistema de la dependencia” a través de la suspensión de obligación de la AGE de cotizar a la Seguridad Social por los no profesionales que cuidan a personas en situación de dependencia en el entorno familiar y la modificación de las cuantías máximas de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar y sus efectos en las cuantías del nivel mínimo.
Según ha señalado Cárdenas, el Gobierno sigue “removiendo los cimientos de esta Ley de Dependencia” en la que las personas más vulnerables sufren de forma directa este ‘Plan de ahorro’ con el que se está “intentando asfixiar a las Comunidades Autónomas” y cuyo fin no es otro que la “destrucción total de esta Red de Servicios”, con la consiguiente destrucción de empleo público y la desatención adecuada de personas dependientes
Durante junio de 2012, antes del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, fueron atendidas por el Servicio de Atención a Domicilio de la Diputación de Huelva 2.978 personas dependientes, durante un total de 143.764 horas y por 1.226 auxiliares del SAD. En abril de 2013, las personas atendidas son 2.706, durante un total de 133.226 horas por 1.158 auxiliares del SAD, lo que supone un descenso respectivamente del 9 por ciento en cuanto a personas atendidas, del 7 por ciento en cuanto a las horas destinadas y del 6 por ciento en cuanto a auxiliares del SAD.
Por último, la diputada de Bienestar Social ha reclamado la defensa del Sistema de Dependencia desde todos los ámbitos posibles, ya sea político, social y civil, como una inversión en cuanto a la atención personal y al empleo que genera, frente a la idea que desde el Gobierno Central se está vendiendo a la sociedad de gasto público que hay que reducir.
