DIPUTACIÓN PONE EN MARCHA LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA DAR SERVICIO A LOS AYUNTAMIENTOS
El Diputado de Infraestructuras, Alejandro Márquez, ha presentado hoy la nueva Oficina de Supervisión de Proyectos, creada para proporcionar este servicio a los ayuntamientos que no cuentan con personal cualificado para emitir esta clase de informes. La nueva oficina se ubicará en las dependencias del Área de Infraestructuras y el Servicio de Planes y Obras de la Diputación y se utilizarán tanto medios personales como materiales existentes en la propia institución, por tanto desde el punto de vista económico su puesta en funcionamiento no generará gasto alguno.
Según ha explicado el diputado, la supervisión de proyectos es una obligación impuesta a las Administraciones públicas por la legislación sobre contratación del sector público. La Diputación pone en marcha esta oficina para dar cumplimiento a la legislación vigente en relación con la obligatoriedad de supervisar los proyectos propios y además ofrecerá la prestación de este servicio a todos los municipios que no cuenten con medios para mantener sus propias oficinas y así lo demanden. Márquez ha destacado el ahorro que esta medida supondrá para los municipios pequeños, que de otra forma se verían obligados a contratar la supervisión a una empresa externa, “con el coste que ello supondría para las arcas municipales”.
Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los órganos de contratación en las tramitación de sus expedientes tienen entre sus requisitos obligatorios solicitar un informe de supervisión de los proyectos de obras, antes de la aprobación de dicho proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros y cuando las obras recogidas en dicho proyecto afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
La principal función de la oficina de supervisión consistirá en verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica, que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto.
Al frente de la oficina estará un Arquitecto Superior y en ella trabajarán también un Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos, un arquitecto técnico y un auxiliar administrativo. Todos ellos son trabajadores de la Diputación.
Cabe señalar que la centralización del servicio de supervisión desde la Diputación Provincial, permitirá constituir un registro general de proyectos a nivel provincia, pudiéndose obtener estadísticas y estudios de los proyectos realizados por y para cada uno de ellos, las demandas existentes en las distintas comarcas, etcétera, de gran utilidad para la planificación de las políticas de obras de la Diputación mejorando de esta forma el servicio prestado por la misma.
La centralización a través de la Diputación del control y supervisión de los proyectos redactados por los distintos técnicos municipales de la provincia, a sí como por los técnicos de la propia Diputación, aporta una seguridad jurídica del cumplimiento de los requisitos marcados por la legislación vigente en cuanto a la tramitación de los documentos, al mismo tiempo que unifica los criterios permitiendo la homogenización en los controles sobre las obras e inversiones, así como la mejora de la eficacia en la coordinación de los proyectos redactados desde la Diputación Provincial y los redactados desde los municipios.
La especialización en la tarea de supervisión de proyectos permitiría realizar accesoriamente desde la Oficina de Supervisión, funciones de asesoramiento e información previa a la propia supervisión, dirigidas a los técnicos redactores consiguiendo de esta forma minimizar la subsanación de errores que conllevarían a una nueva supervisión del proyecto.
Según ha explicado el diputado, la supervisión de proyectos es una obligación impuesta a las Administraciones públicas por la legislación sobre contratación del sector público. La Diputación pone en marcha esta oficina para dar cumplimiento a la legislación vigente en relación con la obligatoriedad de supervisar los proyectos propios y además ofrecerá la prestación de este servicio a todos los municipios que no cuenten con medios para mantener sus propias oficinas y así lo demanden. Márquez ha destacado el ahorro que esta medida supondrá para los municipios pequeños, que de otra forma se verían obligados a contratar la supervisión a una empresa externa, “con el coste que ello supondría para las arcas municipales”.
Según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los órganos de contratación en las tramitación de sus expedientes tienen entre sus requisitos obligatorios solicitar un informe de supervisión de los proyectos de obras, antes de la aprobación de dicho proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros y cuando las obras recogidas en dicho proyecto afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
La principal función de la oficina de supervisión consistirá en verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica, que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto.
Al frente de la oficina estará un Arquitecto Superior y en ella trabajarán también un Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos, un arquitecto técnico y un auxiliar administrativo. Todos ellos son trabajadores de la Diputación.
Cabe señalar que la centralización del servicio de supervisión desde la Diputación Provincial, permitirá constituir un registro general de proyectos a nivel provincia, pudiéndose obtener estadísticas y estudios de los proyectos realizados por y para cada uno de ellos, las demandas existentes en las distintas comarcas, etcétera, de gran utilidad para la planificación de las políticas de obras de la Diputación mejorando de esta forma el servicio prestado por la misma.
La centralización a través de la Diputación del control y supervisión de los proyectos redactados por los distintos técnicos municipales de la provincia, a sí como por los técnicos de la propia Diputación, aporta una seguridad jurídica del cumplimiento de los requisitos marcados por la legislación vigente en cuanto a la tramitación de los documentos, al mismo tiempo que unifica los criterios permitiendo la homogenización en los controles sobre las obras e inversiones, así como la mejora de la eficacia en la coordinación de los proyectos redactados desde la Diputación Provincial y los redactados desde los municipios.
La especialización en la tarea de supervisión de proyectos permitiría realizar accesoriamente desde la Oficina de Supervisión, funciones de asesoramiento e información previa a la propia supervisión, dirigidas a los técnicos redactores consiguiendo de esta forma minimizar la subsanación de errores que conllevarían a una nueva supervisión del proyecto.
