Ante el registro llevado a cabo por la Guardia Civil el pasado viernes, la Diputación de Huelva comunica lo siguiente:
En primer lugar, entendemos que no se compagina el auto con el que el juez autoriza la entrada y el registro en la Diputación para la búsqueda de documentación, con las formas de la Guardia Civil para conseguir esa documentación.
Existe una vulneración absoluta del artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento criminal que el juez pide taxativamente en el auto que se cumpla. Este artículo dice así: Al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo género de precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren a la instrucción.
Por tanto, se ha producido un incumplimiento por parte de la Guardia Civil de la Ley de Enjuiciamiento criminal ordenado expresamente por el juez. Se trata de una interpretación tremendista del auto del juez.
Asimismo, consideramos que el número de efectivos es absolutamente desproporcionado, tanto dentro como fuera de la Diputación. De hecho, en el interior de las instalaciones, mientras el personal facilitaba la información requerida, había presencia de agentes armados y uniformados.
Con anterioridad al pasado viernes, en dos ocasiones se había facilitado documentación requerida sin necesidad de despliegue policial. Nuestra colaboración siempre ha sido absoluta, por tanto, no podemos entender ni el despliegue ni el cierre de la Diputación durante toda la jornada.
El registro se ha llevado a cabo en 4 despachos (PFEA, Personal, Mantenimiento e Intervención) de los 115 que existe en esta sede de la Diputación Provincial. Por tanto, no había necesidad ninguna de cerrar la Diputación entera.
No podemos obviar tampoco el desconcierto que se produjo entre la población, ya que muchos usuarios se vieron afectados por la inactividad de la Diputación durante toda una mañana. Por tanto, se ha paralizado el funcionamiento normal de una institución democrática por una actuación excesiva y arbitraria de la Guardia Civil.
Una actuación tan desmedida por parte de la Guardia Civil, interpretando de manera desproporcionada un auto judicial en unas fechas tan cercanas a dos procesos electorales, puede estar significando una injerencia al normal y correcto funcionamiento del sistema democrático.
Son unas diligencias abiertas por una denuncia de un particular hace dos años, y se espera a las elecciones para hacer un despliegue desproporcionado e injustificado, habida cuenta de que anteriormente ya se ha facilitado toda la información requerida.
Este tipo de actuaciones provoca un ambiente de desconfianza entre la ciudadanía contra las instituciones democráticas, sin justificación alguna.
No se está dañando la imagen del presidente y del equipo de Gobierno. Se está dañando la imagen de una institución democrática y de los propios empleados.
A causa del registro se perdieron 1.000 horas de trabajo de empleados públicos (dinero que pagamos todos los españoles), con un coste de más de 25.000 euros, más el personal del dispositivo judicial y el de la Guardia Civil. ¿Quién se va a hacer responsable de todo esto? Alguien tendrá que dar explicaciones.
A nadie se le ocurriría cortar el tráfico de una ciudad completa para facilitar el tránsito de una calle. Pues esta desproporción es lo que ha ocurrido en la Diputación: se ha cerrado un edificio entero para inspeccionar 4 despachos, vulnerando la ley y ocasionando un grave perjuicio a los usuarios de la administración pública y a la imagen de la institución.
En cuanto al PFEA, los objetivos son combatir el desempleo y realizar obras en los municipios. Este objetivo también lo persiguen la administración del estado y la Junta. Sin la implicación de las tres administraciones, sería inviable. Anualmente se crean 8.500 puestos de trabajo en la provincia.
En todo momento respetamos los procedimientos. El PFEA es un programa muy garantista, con controles a priori y a posteriori por parte del Ministerio y de la Junta. Nuestro objetivo en el PFEA es hacerlo realidad todos los años y colaborar con los ayuntamientos.
Por lo que respecta al la denuncia de Tharsis, que solo conocemos por lo que ha salido en los medios de comunicación, podemos afirmar que la actuación de la Diputación de Huelva es irreprochable : lanzamos una oferta genérica para un puesto de encargado con una experiencia de seis meses; el SAE envía la preselección de dos personas, como hace siempre; el SAE convoca a los preseleccionado y se presenta sólo uno. Y la Diputación lo que hace es contratar al único candidato que se presenta.
